La inflación seguirá siendo un problema: limitar el gas a 50 €/MWh bajará el IPC sólo en un punto

La imposición por parte de Bruselas a los gobiernos de España y Portugal de elevar a 50 euros el megawatio hora (€/MWh) el tope al precio del gas utilizado para generar electricidad, frente a los 30 €/MWh que pidieron los líderes ibéricos, impedirá que la medida tenga un efecto determinante sobre la inflación. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), limita el impacto de la medida en el IPC a un punto porcentual, efecto que considera insuficiente teniendo en cuenta el coste que supone: romper el marco regulatorio del mercado de la electricidad.

La medida de limitar el precio del gas a los citados 50 €/MWh, que el Gobierno tiene que aprobar ahora en el Consejo de Ministros previsiblemente de este martes 3 de mayo, permitirá según los expertos rebajar el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista a alrededor de 130 €/MWh. Según ha señalado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que todavía no ha explicado de forma clara quién pagará el coste de compensar a las centrales de ciclo combinado por obligarles a vender el gas más barato de lo que lo compran, el ahorro estimado para las familias será de entre un 30% y un 35%.

Con estos datos, y dado el peso que tiene la electricidad en la fórmula para calcular el IPC por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), el impacto que tendría en la inflación la rebaja del precio del gas sería de un punto porcentual. «Desde enero de este año el peso de la electricidad en el IPC ha cambiado y ahora es de un 4,148%», recuerda Izquierdo. «Dado este peso de la electricidad en la inflación y teniendo en cuenta que el precio bajaría a los 130 €/MWh el impacto que calculo que tendría en el IPC es de -1%», señala.

Mercado regulatorio

Pero el director general del IEE advierte: «Y eso a pesar que para este objetivo tan modesto el Gobierno está trastocando el marco regulatorio del mercado de la electricidad».

Porque, en efecto, con la llamada excepción ibérica el Gobierno se apuntó un tanto en Europa pero la ejecución práctica de esta medida no es fácil. En primer lugar, por el coste de compensar al gas. Diferentes bancos de inversión y compañías del sector lo cifran en entre 5.000 y 6.000 millones de euros que aún no se sabe cómo y quién va a pagar.

Si la ministra obliga al resto de la demanda que acude al pool a pagar esa compensación -eléctricas y empresas electrointensivas que van directamente al mercado mayorista a comprar la electricidad- daría pie a abrir una avalancha de demandas contra el Gobierno, como suele ser habitual en este sector.

Además, abriría la puerta también a otros países de la Unión Europea a hacer lo mismo. «Hay que tener en cuenta que en el acuerdo del Consejo Europeo que permitió esta medida no se cita expresamente a ningún país, ni a España ni a Portugal, ni a la llamada excepción ibérica. Se cita a países que tengan una interconexión limitada», advierte una fuente del sector. Por lo tanto, más países podrían solicitarlo y poner patas arriba el funcionamiento del mercado eléctrico europeo.